Contratación Irregular de Personal en la Municipalidad de Punta Negra caso SAMAN CHOFER

Análisis del Caso: Contratación Irregular de Personal en la Municipalidad de Punta Negra Fecha de Análisis: 9 de septiembre de 2025 Lugar de los Hechos: Municipalidad Distrital de Punta Negra, Lima, Perú.

1. Resumen de los Hechos La Municipalidad Distrital de Punta Negra se encuentra en el centro de una presunta irregularidad administrativa grave. El señor Eleodoro Hernán Samán Sánchez, contratado como sereno/CHOFER bajo el régimen CAS (Contrato Administrativo de Servicios) por la Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Transporte, ha estado EJERCIENDO sus funciones a pesar de tener su licencia de conducir suspendida por un período de un año, desde el 12 de noviembre de 2024 hasta el 12 de noviembre de 2025.

La sanción fue impuesta por la SAT (Superintendencia de Administración Tributaria de Lima), mediante la Resolución N° 1761-4601-299296, con fecha del 10 de octubre de 2024. La suspensión es consecuencia de la acumulación de tres papeletas de infracción de tránsito: • Falta M27: • Falta M16: • Falta L01:

El caso se agrava por el contexto político: el Sr. Samán Sánchez sería familiar de un ex candidato a la alcaldía del distrito, quien a su vez mantuvo una relación cercana con un exalcalde de Punta Negra, actualmente enjuiciado por delitos de tráfico de tierras y corrupción de funcionarios.

2. Responsabilidades e Implicados La responsabilidad en este tipo de irregularidades no recae en una sola persona, sino que es compartida y escalonada dentro de la estructura municipal. La gestión del Sr. Elvis William Cedeño Escarate, Subgerente de Seguridad Ciudadana y Transporte, aparece como la primera y más directa línea de responsabilidad, pero no la única. A continuación, se detallan las áreas y funcionarios que podrían estar involucrados • Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Transporte (responsable Directo): o Sr. Elvis William Cedeño Escarate: Como titular de esta área, es el responsable directo de supervisar las condiciones y requisitos del personal a su cargo, especialmente aquellos que operan vehículos municipales. Su deber era verificar la vigencia de la licencia de conducir del Sr. Samán antes de su contratación y de manera periódica durante la vigencia del contrato. Su omisión constituye una falta administrativa grave.

ELVIS WILLY AZAREÑO AZCARATE

• Oficina de Recursos Humanos / Gestión de Personal: o Esta área es corresponsable. Todo proceso de contratación CAS requiere que el postulante presente una serie de documentos, entre los que se encuentra obligatoriamente la licencia de conducir vigente (para el puesto de chofer). RRHH debe verificar la autenticidad y vigencia de estos documentos. Su falla en este procedimiento básico de control es una negligencia administrativa. SARITA DEL ROSARIO GUERRERO AGUILAR

• Gerencia Municipal: o El Gerente Municipal es la máxima autoridad administrativa y tiene la obligación de supervisar que todos los procesos de contratación en las subgerencias a su cargo se realicen conforme a ley. La falta de supervisión y control efectivo lo convierte en un responsable funcional. ALEXANDER GUIOVANNI ABARCA AYALA

• Alcaldía Distrital: o Si bien el alcalde no firma directamente los contratos CAS, es la máxima autoridad política. El presunto nepotismo ("dedocracia" o pago de favores políticos) sugerido por los vínculos familiares del Sr. Samán con figuras políticas anteriores, apunta a una posible injerencia indebida desde el más alto nivel, estableciendo una cultura de irregularidad. EULOGIO HUYHUA Y SU SOCIO HIJONOSA

3. Faltas Administrativas y Legales Identificadas Las acciones (u omisiones) descritas configuran varias infracciones:

4. ¿Dónde y Cómo Presentar la Denuncia? Para que este caso no quede en la impunidad, es crucial presentar denuncias formales ante las entidades competentes. Se recomienda actuar en dos vías:

5. Conclusión El caso de Eleodoro Samán no es un error aislado. Es un síntoma de una posible estructura de contratación opaca y clientelar dentro de la municipalidad de Punta Negra, con raíces en gestiones anteriores cuestionadas por la justicia. La responsabilidad es compartida, desde el funcionario que no verificó un documento hasta las autoridades que permiten o fomentan estas prácticas. La ciudadanía tiene las herramientas para exigir transparencia. La publicación de estos hechos y la presentación de denuncias formales ante la Contraloría y el Ministerio Público son el primer paso crucial para cortar los ciclos de impunidad y exigir que la función pública se ejerza con ética, meritocracia y estricto apego a la ley.